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Aspectos legales de las telecomunicaciones en Suiza y en los países hispanohablantes

 

La tecnología avanza cada día, trayendo a veces como consecuencia actos ilegales. Son un claro ejemplo de ello ya que en ocasiones se utilizan para extorsionar, planear robos, distribuir sustancias ilícitas, entre otros.

 

Es por ello que las autoridades han considerado necesario crear nuevas regulaciones y/o leyes aplicables a quienes utilizan las telecomunicaciones para actos ilegales.

 

  • Suiza

 

Suiza no únicamente tiene una infraestructura de telecomunicaciones de muy alto rendimiento, sino también de alta velocidad. La economía en su conjunto se beneficia de la competencia, la infraestructura y los servicios. Suiza está asegurando su posición en la cima de la clasificación de las organizaciones para la Cooperación Económica y los Países en Desarrollo.

 

En el mercado de las comunicaciones fijas de banda ancha, que incluye Internet y la televisión digital, participan tanto operadores de telecomunicaciones como de cable (CATV). Hablando del acceso a Internet, los proveedores de líneas de abonado digital (DSL) y de fibra a x (FTTx) siguen teniendo una gran ventaja sobre los operadores de CATV. A finales de 2019, algo más del 71% de los usuarios seguía teniendo acceso a un operador de telecomunicaciones y el 29% tenía acceso a través de las líneas de un operador de cable. Eso significa que toda la población tenía acceso a las telecomunicaciones de alguna manera. Por eso el gobierno decidió rápidamente crear una nueva normativa.

 

Las regulaciones más importantes en Suiza se aplican a muchas áreas, las cuales enumeran a continuación:

 

1. Medios audiovisuales 

 

La distribución de medios audiovisuales se rige por la Ley Federal de Radio y Televisión (RTVA) y su respectiva Ordenanza, que pronto será sustituida por una nueva Ley de Medios Electrónicos. Como ya se ha dicho, estamos experimentando muchos cambios en esa materia. En cuanto el gobierno encuentra algo nuevo que puede ser protegido o que aún no lo estaba, implementa una nueva Ley o reglamento. 

 

Además, se aplican a todos los sectores estatutos generales como la Ley Federal de Protección de Datos (FADP), la Ley de Competencia Desleal, la Ordenanza de Divulgación de Precios, el Código de Obligaciones y el Código Penal.

 

El régimen de protección de datos personales aplicable a las decisiones automatizadas en virtud de la Ley Federal de Protección de Datos revisada seguirá los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

 

2. Telecomunicaciones 

 

La principal ley que regula la transmisión de información mediante técnicas de telecomunicaciones es la Ley de Telecomunicaciones (TCA). La TCA y las ordenanzas basadas en la TCA han experimentado recientemente una revisión que pronto entrará en vigor.

 

El objetivo de la TCA es garantizar que los particulares y la comunidad empresarial dispongan de una gama de servicios de telecomunicaciones rentables, de alta calidad y competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

Lo que la TCA pretende, en particular, es 

 

  1. Proteger a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de la publicidad masiva desleal y del abuso asociado a los servicios de valor añadido
  2. Garantizar que el tráfico de telecomunicaciones esté libre de interferencias y respete los derechos de propiedad intelectual y personal 
  3. Permitir una competencia efectiva en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
  4. Garantizar que las empresas proporcionen un servicio universal fiable a un precio accesible para toda la población en todas las partes del país.

 

¿Quién o qué organismos intervienen en la regulación de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales?

 

La Comisión Federal de Comunicaciones (ComCom), que es una comisión independiente en cuanto al poder de decisión, no solo regula el mercado de las telecomunicaciones, sino que también concede licencias de servicio universal, así como licencias de radiocomunicación para el uso del espectro de frecuencias.

 

La Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM), que es la autoridad nacional en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y correos, garantiza, en particular, la calidad del servicio público y universal, así como gestiona todas las acciones y/o cosas relacionadas con la normativa.

 

El Ombudscom concilia los litigios entre los clientes y TSP, mientras que la Autoridad Independiente de Reclamaciones de Radio y Televisión (UBI) evalúa las quejas relativas a los programas de radio y televisión. 

 

No sería de extrañar que en un futuro próximo surjan nuevos organismos, ya que debido a la carga de trabajo habrá que delegar en algún momento. Además, es mejor tener más normativa en la cual apoyarse.

 

  • Países hispanohablantes

 

1. España

 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fue creada en 1996 durante el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones. Dejó de funcionar en 2013 y hasta entonces era un organismo público, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (hoy Industria, Energía y Turismo), dotado de personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, así como de patrimonio propio, independiente del patrimonio de la Condición.

 

¿Cuál es el objetivo de la CMT? 

 

  • El establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que deben cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones.
  • El fomento de la competencia en los mercados de servicios audiovisuales, de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora.
  • La resolución de conflictos entre operadores.
  • El ejercicio de los conflictos entre operadores como órgano de arbitraje.
  • La disolución de la CMT

 

En 2013, la CMT dejó de funcionar y toda su actividad pasó a formar parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que engloba a varios reguladores de nuestro país, creado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

2. México

 

El 17 de abril entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca obtener los datos personales y biométricos de todos los usuarios de teléfonos celulares para localizar a los delincuentes que utilizan estos aparatos como herramienta en la extorsión telefónica, el secuestro, el tráfico, entre otros actos ilícitos. 

 

El objetivo del registro será ayudar a las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia a localizar a las personas que utilizan las líneas telefónicas para cometer delitos. Sin embargo, de acuerdo con un reporte realizado por MILENIO, los usuarios aún desconocen su entrada en vigor. 

 

La Ley establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para emitir las disposiciones administrativas de carácter general para su aplicación. 

 

Con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo general el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que tiene como objetivo generar un registro con el número de serie de la tarjeta SIM y la información personal de los usuarios, destacando los datos biométricos.

 

La seguridad de la información será vigilada bajo los criterios de las Leyes Federales de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados. Sin embargo, estas leyes no especifican el tratamiento especial que deben tener los datos biométricos.

 

También indica que el Instituto de Telecomunicaciones podría proporcionar a los concesionarios de telefonía la información de los usuarios de celulares, para garantizar "la veracidad e integridad del Registro."

 

Diversas agrupaciones especializadas en seguridad digital advierten sobre una violación de derechos por la inclusión de datos biométricos, y también ven el riesgo de que el gobierno no proteja esta información, como ocurrió durante el gobierno de 2006-2012, o que las autoridades hagan mal uso de los datos.

 

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ya está tomando cartas en el asunto y presentando recursos para desechar esta norma por ser inconstitucional. Ya se han aprobado varios amparos a particulares.

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